Los Pueblos Indígenas, Derecho a la Salud y el COVID19 en la Amazonía

Igualdad e inclusión en las medidas del Estado para afrontar el COVID19

4 de abril 2020 - En Perú, el Estado ha tomado medidas para afrontar las consecuencias de la pandemia del Coronavirus (COVID19). Hoy vivimos en medio de medidas de aislamiento social obligatorio, protocolos de salud, la educación desde casa de manera virtual, bonos económicos para las familias pobres, congelamiento de deudas financieras, dotación de alimentos. Los Pueblos Indígenas (PPII) se han visto excluidos en sus necesidades de vida cotidiana y esto se manifiesta en los altos niveles de desempleo, ingresos más bajos que el promedio, nivel de educación inferior, el acceso a los servicios de salud intercultural, entre otros. Es conocido que muchas de las políticas y planes públicos de los  PPII no han sido tomadas en cuenta o hayan recogido las propuestas desde los PPII para darle el enfoque intercultural en las medidas adoptadas.

El artículo 25° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que los Estados tienen la obligación de poner a disposición de los Pueblos Indígenas servicios de salud adecuados, considerando sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, y sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. De igual forma, establece que los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados sin discriminación alguna. Por ello resulta importante que las diferentes medidas frente a la pandemia que hoy adolece, se deban programar y organizarse a nivel comunitario con cooperación de los Pueblos Indígenas en cuanto a su planificación y administración (Artículos 24°, y 25.2 respectivamente).

Los Pueblos Indígenas se encuentran entre la población más vulnerable, se estima que la población indígena de América Latina alcanza alrededor de 44 millones de personas quienes por lo general enfrentan niveles de pobreza y discriminación, así como bajo acceso a la salud, educación, saneamiento y otros servicios. En el Perú viven actualmente 55 pueblos indígenas u originarios, de ellos, 51 son originarios de la Amazonía y 4 de los Andes. Como también existen PPII en situación de aislamiento y contacto inicial, quienes están expuestos a  vulnerabilidad sanitaria, territorial, sociocultural y demográfica. En cifras del último censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, el 25.80 por ciento de la población censada (equivale a 5 millones 985,551 personas) se ha identifica como parte de algún pueblo indígena u originario.

Para la Defensoría del Pueblo dentro del grupo de especial protección se encuentran los PPII, por lo que “la existencia de diversas culturas en nuestro país, lejos de valorarse como un aporte, ha puesto en evidencia diversos modos de discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, expresados en el escaso ejercicio de sus deberes y derechos, así como en la escasa participación en la toma de decisiones, aun cuando se trate de factores que afectan a su desarrollo. La carencia de una política integral que tome en cuenta los derechos de los pueblos indígenas debe ser una prioridad en el país”.

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Lizardo Cauper, declaró que:

“en las comunidades nativas no hay información clara, precisa y oportuna, por lo que sugerimos mayor difusión de información, concientización y socialización, vemos que el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) no cuenta con un plan de contingencia para Pueblos Indígenas en condición vulnerable”.

Desde el Consejo Directivo de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Tabea Casique del pueblo Asháninka de la Amazonía peruana, expresó la preocupación de los pueblos indígenas:

“somos conscientes que este virus causaría el exterminio humano en nuestras comunidades. En las ciudades existen hospitales a menos de cinco minutos, en las comunidades sucede lo contrario, para obtener una atención médica tienes que viajar por horas, días y semanas. La muerte de nuestros sabios y sabias causaría una pérdida inmensa a la población indígena, ellos son nuestras bibliotecas vivas que poseen y transmiten conocimientos tradicionales de generación en generación”.

Asimismo, hacen un llamado a los gobiernos de turno a coordinar con sus organizaciones para canalizar y viabilizar acciones concretas frente a esta pandemia. Las organizaciones indígenas activamente solicitan más información sobre la prevención de esta pandemia en sus propias lenguas para todos los pueblos indígenas.

 “Los pueblos indígenas por iniciativa propia cerramos los accesos a las vías de fronteras territoriales, en cumplimiento del estado de emergencia sanitaria decretada por los gobiernos. Debe haber contingencia de auxilio inmediato, en caso de que exista pacientes indígenas en las comunidades, movilidad de transporte terrestre, fluvial, aéreo, crear cercos en las comunidades para evitar la propagación de la pandemia en los Pueblos Indígenas, crear organismos de Pueblos Indígenas con toma de decisión política y presupuesto para atender estos casos de emergencia, en salud, educación, economía y otros de interés colectivo”, expresó la líder indígena Tabea Casique.

Los PPII desde la gobernanza indígena vienen tomando acciones en sus territorios, generando propuestas para gestiones conjuntas con las diferentes autoridades de gobierno, algunas propuestas reflejadas en pronunciamientos y exhortaciones para ser tomados en cuenta y tener la oportunidad de participar en la toma de decisiones del Estado, como cualquier ciudadano.

Por su parte, Ruth Buendía, (activista medioambiental y líder indígena reconocida con el Premio Medioambiental Goldman 2014) solicita al Estado la rápida implementación de puestos de salud, hospitales, lo más cercano a las comunidades.

“Pedimos capacitar y formar a los funcionarios de salud en interculturalidad, en diferentes pueblos de la Amazonía peruana. Exhortamos a las autoridades a coordinar entre sectores como salud, educación y gobiernos locales para que puedan hacer los descartes del COVID19 a los docentes, funcionarios y profesionales de salud que vienen trabajando directamente con las comunidades, debido a que este personal viene de las distintas ciudades del país y están coordinando con autodefensa y con las autoridades comunales. El dengue, la malaria, la desnutrición y la anemia aqueja a nuestros pueblos y no se han venido combatiente ni dando la importancia necesaria, ahora tenemos que luchar frente al virus COVID19”.

Ruth Buendía resaltó que la interculturalidad en salud es un tema que aún falta desarrollar con mayor importancia en la agenda del Estado,

“no olvidemos que el esfuerzo del Estado sobre la interculturalidad surgió como respuesta a reivindicaciones de Pueblos Indígenas y de su derecho a la identidad cultural, en ese sentido, esperamos que las medidas educativas vía virtual u otros medios de comunicación sean inclusivas, considerando el enfoque intercultural y la realidad de nuestros niños”.

A través de los diferentes medios de comunicación se ha venido dando a conocer que las condiciones de los servicios de salud es una de las mayores preocupaciones de los PPII, para muchos el sistema de salud occidental ha sido impuesto en las comunidades sin tener en cuenta realidad cultural y económica, el sistema de salud de zonas urbanas o urbano marginales no han podido replicarse en los PPII donde carecen de acceso a servicios básicos como agua, electricidad, entre otros.

En el artículo 12° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que, los Estados Partes (firmantes) deben proteger el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, dando importancia a la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas.

 En esta misma línea, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en su Observación General N° 1414, trae sobre análisis para este contexto, que es importante que el Estado debe garantizar que el derecho a la salud de los PPII sea disponible, accesible y aceptable. Todo ello por la importancia de contar con un número suficiente de establecimientos, insumos, equipamientos y profesiones de la salud, teniendo en cuenta las condiciones de lejanía y dispersión poblacional; en el factor económico, que todos y todas estén afiliados a un seguro, y de igualdad para que no sean discriminados por pertenecer a una determinada etnia, de esta manera, contar con personal formado y capacitado para dar un servicio integral con enfoque intercultural.

Tarea importante la del Ministerio de Salud del Perú ya encaminada a la labor de articular la Política Sectorial de Salud Intercultural, así como las estrategias y normas en salud intercultural para orientar y alcanzar el bienestar de los PPII, quienes deberán desarrollar acciones de sensibilización, capacitación, materiales informativos para abordar con pertinencia intercultural en las diferentes estrategias de prevención y control de diversas afectaciones a la salud. El gobierno peruano ha priorizado la salud de los peruanos sobre la economía, hoy más que nunca la protección de la salud es de interés público, donde la salud pública es responsabilidad primaria del Estado y la responsabilidad en materia de salud individual es compartida por el ciudadano, la sociedad y el Estado. La salud intercultural tendrá que tener también un escenario importante de cara a la lucha del COVID19 sumado al dengue, malaria, la anemia y la desnutrición y otros.

Disponibilidad y acceso a alimentos para los PPII para afrontar la pandemia

Foto por: Cesar Von Bancels

 El derecho a una alimentación adecuada es un derecho humano fundamental, y como tal debe ser protegido especialmente para la población más vulnerable.

Diferentes estudios demuestran que los Pueblos Indígenas afrontan un mayor riesgo de inseguridad alimentaria y malnutrición que otros grupos, ya que padecen niveles más elevados de pobreza, una menor disponibilidad de recursos y una creciente dependencia de alimentos más económicos, aunque con un alto grado de procesamiento.

Durante la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria en noviembre de 2009, los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, o FAO por sus siglas en inglés, se comprometieron a “fomentar activamente el consumo de alimentos, especialmente los producidos localmente, que contribuyan a dietas diversificadas y equilibradas, como el mejor modo de hacer frente a las carencias de micronutrientes y otras formas de malnutrición, en particular entre los grupos vulnerables”.

Los PPII tienen que desempeñar una función fundamental en la promoción de dietas sostenibles y sistemas alimentarios resistentes. Al mismo tiempo, la “soberanía alimentaria” de los PPII se encuentra en riesgo por la erosión de los sistemas alimentarios tradicionales. Para los PPII, “seguridad alimentaria” también significa el derecho a elegir los tipos de alimentos que se desea comer y preparar de acuerdo con métodos tradicionales. Las dietas sostenibles basadas en alimentos locales conservan tanto los ecosistemas como las tradiciones de los pueblos indígenas. Por consiguiente, el derecho a la alimentación está estrechamente relacionado con el cumplimiento de derechos culturales y los dos deberían aplicarse conjuntamente.

El valor del rol de la mujer indígena en el sembrío, cosecha y preparación de alimentos en las comunidades siempre buscando acomodarse a la economía familiar, y la disponibilidad de alimentos acorde a las temporadas estacional y climáticas, sin duda se tendrá que apoyar con iniciativas desde de las autoridades, en este periodo de aislamiento para acudir a las necesidades alimenticias con una valoración de la nutrición indígena con productos y preparados locales a su alcance.

 El COVID19 en la Amazonia

Foto por: Marita Domper

Algunas organizaciones como COICA y AIDESEP han venido haciendo expresiones y solicitudes para ayuda humanitaria, quienes también pidieron al gobierno peruano adoptar medidas de protección para hacer frente a la propagación del COVID19, así como pidieron la intervención Naciones Unidas y la comunidad internacional para que vigilen su particular situación. Exhortando también a que se garantice el acceso a la alimentación, “protegiendo la economía de pervivencia de las comunidades productoras” y asegurando fuentes de alimentación propia, y acciones de vigilancia y protección de los territorios invadidos por “petroleros, mineros y madereros”.

Un líder indígena suma a la lista de los 1595 infectados por el COVID19 en Perú al 3 de abril, asimismo, se informó del primer caso de contagio en la ciudad de Nauta, este último contagiado se ubica en una las ciudades de tránsito y de conectividad a las comunidades indígenas situadas en las cuencas del Marañón, Corrientes, Tigre, y otras. La Amazonía indígena se ha declarado en emergencia por el COVID19.

Escrito por: Martín Vásquez - Coordinador de Programa Equitable Origin Perú y  Marita Domper - Especialista en Comunicación.


Equality and inclusion in State measures to deal with COVID19

April 4th 2020 -In Peru, the State has taken measures to face the consequences of the Coronavirus pandemic (COVID19). Today we live in the midst of compulsory social isolation measures, health protocols, virtual home education, economic bonuses for poor families, freezing of financial debts and limited provision of food. Indigenous Peoples have been excluded in their daily life needs and this is manifested in high levels of unemployment, lower than average income, lower education level, access to intercultural health services, among others.  It’s known that many of the Indigenous Peoples proposed public policies and plans have not been taken into account or nor have any proposals from them have been adopted.

Article 25 of Convention No. 169 of the International Labor Organization (ILO) establishes that States have the obligation to make adequate health services available to Indigenous Peoples, considering their economic, geographic, social and cultural conditions, and its prevention methods, curative practices and traditional medicines. Likewise, it establishes that social security regimes must also tend for for those interested concerned peoples without any discrimination. Therefore, it is important that the different measures, should be programmed and organized at the community level with the cooperation of the Indigenous Peoples regarding their planning and administration (Articles 24, and 25.2 respectively).

Indigenous Peoples are among the most vulnerable population. It’s estimated that the indigenous population of Latin America reaches around 44 million people. Generally they face high levels of poverty and discrimination, as well as limited access to health, education, sanitation and other services. Currently there are 55 indigenous communities or native peoples live in Peru, of which 51 are native to the Amazon and 4 to the Andes. There are also Indigenous Peoples in a state of complete isolation, those who are more exposed to health, territorial, sociocultural and demographic vulnerability. In figures from the last census of the National Institute of Statistics and Informatics - INEI, 25.80% of the census population (equivalent to 5 million 985,551 people) has identified as part of some indigenous or native people.

For the Ombudsman, within the “special protection group” are the Indigenous Peoples. This is because “the existence of diverse cultures in our country, far from being valued as a contribution, has highlighted various modes of discrimination and exclusion of Indigenous peoples, expressed in the little exercise of their duties and rights, as well as in the low participation in decision-making, even when they are factors that affect their development. The lack of a comprehensive policy that takes into account the rights of indigenous peoples must be a priority in the country ”.

The president of the Interethnic Association for the Development of the Peruvian Jungle (AIDESEP), Lizardo Cauper, declared that

“in native communities there is no clear, precise and timely information, so we suggest greater dissemination of information, awareness and socialization, we see that the Peruvian Ministry of Health (MINSA) does not have a contingency plan for Indigenous Peoples in vulnerable conditions ”.

From the Board of Directors of the Coordinator of the Indigenous Organizations of the Amazon Basin (COICA), Tabea Casique of the Asháninka people of the Peruvian Amazon, expressed the concern of indigenous peoples

“we are aware that this virus could cause human extermination in our communities. In cities there are hospitals less than five minutes away, in communities the opposite is true, to get medical attention you have to travel for hours, days and weeks. The death of our elders and women would cause immense loss to the indigenous population, they are our living libraries that possess and transmit traditional knowledge from generation to generation ”.

Likewise, they call on governments to coordinate with their organizations to channel and make their initiatives possible in the face of this pandemic. Indigenous organizations actively request more information on the prevention of this pandemic in their own languages.

“Indigenous peoples, out of their own initiative, close the accesses to the territorial border routes, in compliance with the state of sanitary emergency decreed by the governments. There should be an immediate emergency contingency, in the event that there are indigenous patients in the communities. Such contingencies include the restriction of mobility of land, river, and air transport, create fences in the communities to prevent the spread of the pandemic in Indigenous Peoples, create organizations of Indigenous Peoples with political decision-making and prepare budgets to attend to these cases, in health, education, economy and others of collective interest, ”said indigenous leader Tabea Casique.

The indigenous governance has been taking actions in their territories, generating proposals for joint efforts with the different government authorities. Some proposals reflected in pronouncements and exhortations to be taken into account and have allowed the opportunity to participate in state decision-making , like any citizen.

For her part, Ruth Buendía, (environmental activist and indigenous leader recognized with the 2014 Goldman Environmental Prize) requests the State to rapidly implement health posts, hospitals, near their communities.

"We ask to train and educate health officials in interculturality, in different towns in the Peruvian Amazon. We urge the authorities to coordinate between sectors such as health, education and local governance so that they may capacitate teachers, officials and health professionals on COVID19 who have been working directly with the communities, since these personnel come from different cities of the country and they are coordinating with the communal authorities. Dengue, malaria, malnutrition and anemia afflict our peoples and they have not been responding or giving the necessary importance, now we have to fight against the COVID19 virus ”.

Ruth Buendía highlighted that interculturality in health is an issue that still needs to be developed with greater importance on the State's agenda.

"Let us not forget that the State's effort on interculturality arose as a response to claims by Indigenous Peoples and their right to identity cultural, in that sense, we hope that the educational measures via virtual or other means of communication are inclusive, considering the intercultural approach and the reality of our children ”.

Through the media, it’s been made known that the conditions of health services is one of main concerns. For many, the western health system has been imposed on the communities without taking into account the cultural and economic reality. The health system of urban or marginal urban areas has not been able to replicate in indigenous populations where they lack access to basic services such as water, electricity, among others.

In article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, it establishes that the States Parties (signatories) must protect the right of everyone to the enjoyment of the highest possible level of physical and mental health, giving importance to prevention. and the treatment of and control of epidemic, endemic, professional and other diseases.

Along these same lines, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights of the United Nations Organization, in its General Comment No. 1414, mentions that it is important that the State must guarantee the right to  proper healthcare for indigenous peoples. This is because it is important to have a sufficient number of establishments, supplies, equipment and health professions, taking into account the conditions of remoteness and population dispersion. Indigenous peoples should all be affiliated to a proper and accepting healthcare insurance system. They should not be limited to their healthcare based on their heritage or ethnicity. In this way, the hope is to count with trained personnel to give an integral healthcare service with an intercultural approach.

The Ministry of Health of Peru is already working on articulating the Intercultural Health Sector Policy, as well as the strategies and norms in intercultural health to guide and achieve the well-being of the Indigenous Peoples. The Ministry should develop actions of awareness, training , informative materials taking into account the intercultural relevance in the different strategies of prevention. The Peruvian government has prioritized the health of Peruvians over the economy, especially under this circumstance. Today more than ever, the protection of health is in the public interest, where public health is the primary responsibility of the State. Intercultural health will also have to have an important scenario in the face of the COVID19 fight, along with dengue, malaria, anemia and malnutrition, and others.

Availability and access to food for Indigenous Peoples to face the pandemic

Photo by: Cesar Von Bancels

The right to adequate food is a fundamental human right, and as such, it must be protected especially for the most vulnerable populations.

Different studies show that Indigenous Peoples face a higher risk of food insecurity and malnutrition than other groups. This is because historically they suffer from higher levels of poverty, less availability of resources and an increasing dependence on cheaper food, although with a high degree of processing.

During the World Summit on Food Security in November 2009, Member States of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), pledged to “actively promote the consumption of food, especially locally produced. This would contribute to incentivizing diversified diets. This initiative was taken as a best way to address micronutrient deficiencies and other forms of malnutrition, particularly among vulnerable groups. ”

Indigenous Peoples have a critical role to play in promoting sustainable diets and resilient food systems. At the same time, Indigenous Peoples "food sovereignty" is at risk from the erosion of traditional food systems. For Indigenous Peoples, “food security” also means the right to choose the types of food you want to eat and prepare according to traditional methods. Sustainable diets based on local foods preserve both the ecosystems and the traditions of indigenous peoples. Therefore, the right to food is closely related to the fulfillment of cultural rights and the two should be applied together.

The role of indigenous women in planting, harvesting and preparing food in communities is crucial. To sustain average productions and consumptions, there has to be special attention to the local economy and climate change. To mitigate any risks there will have to be support with initiatives from the authorities. Currently under this period of isolation, to meet the nutritional needs of Indigenous Peoples there has to be an assessment of indigenous nutrition with local products and preparations.

COVID19 in the Amazon

Photo by: Marita Domper

Some organizations such as COICA and AIDESEP have been making requests for humanitarian aid and have also asked the Peruvian government to adopt protection measures to face the spread of COVID19, as well as requesting the intervention of the United Nations and the international community to monitor their particular situation. Also they urge the access and provisions of food to be guaranteed, "protecting the survival economy of the producing communities" and also urge the surveillance and protection of their territories invaded by "oil, miners and loggers".

Currently, an indigenous leader adds to the list of the 1595 infected by COVID19 in Peru as of April 3. Likewise, the first case of infection in the city of Nauta was reported. This latest patient is located in one of the cities of transit and connectivity to the indigenous communities located in the Marañón, Corrientes, Tigre, and other basins. The indigenous Amazon has been declared in emergency due to the COVID19.

Written by: Martín Vásquez - Program Coordinator for Equitable Origin Perú, and  Marita Domper - Communications Specialist.